En un golpe significativo para la coalición de izquierda, el Servicio Electoral (Servel) ha tomado la drástica decisión de retener $257 millones correspondientes al último trimestre del año pasado al Frente Amplio, tras descubrir una serie de gastos cuestionables realizados por Revolución Democrática (RD) y Convergencia Social (CS) durante 2023, antes de su fusión. Esta medida sin precedentes marca la primera vez que se congelan aportes públicos al conglomerado.
La investigación del Servel reveló que Revolución Democrática malversó más de $12 millones en gastos que no se ajustan a la Ley de partidos políticos, destacándose exorbitantes desembolsos en servicios de catering, que incluyen más de $3,6 millones en “tablas de aperitivo”, desayunos y chorrizos parrilleros. Particularmente llamativo resulta el gasto de $66 mil en “salsa de alcachofa” y más de $700 mil en servicios de cafetería y sándwiches, evidenciando un patrón de gastos suntuarios con dinero público.
Por su parte, Convergencia Social no se quedó atrás en el uso cuestionable de recursos estatales, acumulando $1,7 millones en gastos rechazados. Entre estos destacan actividades de dudosa índole política como “agitación y propaganda en regiones” y diversos eventos denominados “peñas del trabajo”, además de gastos en ollas comunes y centros de acopio que no lograron justificar adecuadamente.
La situación ha puesto en evidencia la falta de rigor en el manejo de recursos públicos por parte de los partidos de izquierda, especialmente considerando que estos fondos provienen directamente de los contribuyentes chilenos. A pesar de los cuestionamientos, la dirigencia del Frente Amplio ha intentado minimizar la gravedad de la situación, argumentando que se trata meramente de problemas de respaldo en la documentación y no de la naturaleza de los gastos.
Mientras el tesorero del partido, Yerko Cortés, busca justificar la situación señalando que “esto es un procedimiento regular que afecta a la mayoría de los partidos”, la realidad muestra un preocupante manejo de recursos públicos por parte de una coalición que frecuentemente critica la falta de transparencia en otros sectores políticos. El conglomerado ahora deberá enfrentar no solo el congelamiento de sus recursos, sino también el cuestionamiento público sobre su capacidad para administrar responsablemente el dinero de todos los chilenos.
