En un sorpresivo descubrimiento que pone en jaque la transparencia financiera del actual gobierno, se ha revelado que durante 2023 la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) realizó transferencias millonarias al fisco que alcanzaron la astronómica suma de 3,5 billones de pesos, equivalentes al 4,5% del presupuesto nacional. Estas operaciones, que permanecieron en la sombra hasta ser expuestas por una investigación periodística, levantan serias interrogantes sobre la gestión de la Dirección de Presupuestos bajo el mando de Javiera Martínez.
Lo más alarmante de estas transferencias es que casi la mitad del monto provino directamente del patrimonio de CORFO invertido en el mercado financiero, provocando una significativa pérdida patrimonial para la institución. Tan preocupante resultó esta situación que el propio vicepresidente ejecutivo de CORFO, José Miguel Benavente, se vio obligado a abstenerse de aprobar el último traspaso por USD $1.500 millones, en un intento por “resguardar el patrimonio” de la corporación.
La magnitud de estas operaciones cobra especial relevancia al compararlas con situaciones anteriores. Durante la administración de Sebastián Piñera, por ejemplo, se solicitó a CORFO un traspaso de mil millones de dólares, pero esto ocurrió en el contexto excepcional de la crisis del COVID-19. En contraste, las transferencias actuales parecen responder a una gestión financiera cuestionable del gobierno de Gabriel Boric.
Según las actas del consejo de CORFO, se aprobaron seis transferencias que totalizaron $3.426.693.555.220, una cifra sin precedentes en tiempos de normalidad económica. El resto de los recursos provinieron de excedentes del negocio del litio, gracias a contratos por la explotación del Salar de Atacama, lo que sugiere un aprovechamiento oportunista de recursos estratégicos nacionales.
La Dirección de Presupuestos, en un intento por justificar estas controvertidas operaciones, argumentó que los recursos provenían de “ingresos extraordinarios” debido a un precio del litio mayor al esperado. Sin embargo, esta explicación no logra disipar las dudas sobre la verdadera necesidad y destino de estos fondos, especialmente considerando que, según la propia DIPRES, “no resulta posible especificar algún destino específico de gasto”.
Más preocupante aún resulta que estas transferencias masivas se realizaron en un contexto donde el gobierno argumentaba tener “copado el nivel de endeudamiento”, lo que plantea serias interrogantes sobre la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas por parte de la actual administración. Este movimiento financiero podría interpretarse como un intento desesperado por cubrir déficits presupuestarios mediante el vaciamiento de instituciones estatales clave.
La situación se torna aún más grave al considerar que para 2024 ya se contempla un nuevo integro al Fisco por $764.050 millones, lo que sugiere que esta práctica de extraer recursos de CORFO podría convertirse en un patrón recurrente del actual gobierno, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de una de las instituciones más importantes para el desarrollo productivo del país.
