En una nueva medida de ajuste fiscal, el gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles el fin de la gratuidad en los servicios de salud y educación para extranjeros no residentes en Argentina. La decisión forma parte de una serie de reformas al régimen migratorio que buscan reducir el gasto público y fortalecer el control fronterizo.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, detalló que los hospitales públicos ya no ofrecerán atención médica gratuita a inmigrantes sin residencia legal, medida que se acompañará con nuevas condiciones de acceso determinadas por las autoridades sanitarias. “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios”, afirmó Adorni, citando como ejemplo a la provincia de Salta, donde una política similar redujo en un 95% la atención a extranjeros y generó un ahorro de 60 millones de pesos.
En el ámbito educativo, las universidades nacionales —en su calidad de entes autárquicos— podrán comenzar a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Según Adorni, uno de cada tres estudiantes de Medicina en el país proviene del extranjero, lo que representa un potencial importante de financiamiento para las instituciones.
La administración Milei también anunció una inminente reforma migratoria que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta incluirá mayores restricciones para obtener la residencia y endurecerá las causales de expulsión del país. “Los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”, sostuvo el vocero, quien remarcó que se expulsará a quienes cometan delitos o ingresen con documentación falsa, prohibiéndoles además el reingreso al país.
Estas medidas, que apuntan a “priorizar los derechos de los ciudadanos argentinos”, han generado un fuerte debate público y podrían tener impacto en la relación con países vecinos.
