Ante el alarmante número de conductores sorprendidos bajo los efectos de drogas o alcohol en el Biobío —75 casos detectados solo en el primer semestre de 2025— la empresa de transporte Vía Láctea ha decidido tomar cartas en el asunto y asumir su rol con seriedad, implementando un plan integral de prevención, sin esperar directrices burocráticas del Estado.
A diferencia de los discursos complacientes del oficialismo, que lleva años relativizando el problema del narcotráfico y el deterioro de la seguridad vial, la empresa privada vuelve a poner el ejemplo, apostando por un modelo que combina control, salud laboral y responsabilidad individual.
Este plan, ejecutado en colaboración con la consultora Cyma, no se limita a test de consumo. Incluye evaluaciones físicas y psicológicas, seguimiento continuo, capacitación y estrategias de intervención diferenciadas según el nivel de responsabilidad del cargo. Incluso contempla medidas disciplinarias para quienes se nieguen a participar. Una señal clara de que la tolerancia cero es el único camino posible frente a una crisis que amenaza diariamente la vida de miles de pasajeros.
“No se trata solo de testear, sino de construir una cultura de prevención”, reconoció el director regional de Senda, aunque fue la empresa —y no el Gobierno— la que dio el paso concreto.
El directorio de Vía Láctea, encabezado por Luis Quiroz, recalcó que esta medida no es nueva para la empresa, que desde 2003 ha buscado abordar el problema estructural del consumo con acciones concretas, pero sin el respaldo efectivo del Estado. Ahora, con el transporte público enfrentando episodios de violencia, accidentes y descontrol, retoman el liderazgo para proteger tanto a conductores como a usuarios, sin caer en eufemismos.
Los trabajadores, lejos de victimizarse, han apoyado la iniciativa, conscientes de que esta nueva política también mejora sus condiciones laborales, tanto físicas como psicológicas.
Mientras el Gobierno anuncia cifras y se refugia en diagnósticos, la empresa privada se organiza, actúa y demuestra que la seguridad se construye con autoridad, disciplina y compromiso real, no con promesas vacías ni permisividad institucional.
