La controversial transferencia de $3,4 billones desde CORFO al Gobierno ha desatado una tormenta política sin precedentes, con los partidos de derecha exigiendo de manera unánime la renuncia inmediata de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez. La polémica operación, que involucra la venta de patrimonio fiscal, ha sido calificada por la oposición como “impresentable” y “opaca”, generando un clima de profunda desconfianza hacia la gestión económica del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, fue enfático al señalar que la permanencia de Martínez en el cargo se ha vuelto “insostenible” tras esta “seguidilla de escándalos presupuestarios”. El parlamentario destacó que no solo se trata de errores en la recaudación fiscal y exceso de deuda, sino que ahora se suma esta millonaria transferencia realizada “con total ausencia de publicidad”, situación que considera inaceptable dada la magnitud de los recursos involucrados.
Por su parte, la jefa de los diputados RN y Vicepresidenta del partido, Ximena Ossandón, calificó la situación como “lamentable” y apuntó directamente a una “pésima planificación fiscal”. La parlamentaria no solo respaldó la creación de una comisión investigadora, sino que también instó al Presidente Boric a evaluar la continuidad de Martínez en su cargo, sosteniendo que su permanencia ya no es viable dadas las circunstancias.
La controversia también ha generado reacciones desde Evópoli Biobío, que mediante un comunicado oficial expresó su “profunda preocupación” por estos movimientos financieros que, según señalan, comprometen el patrimonio de todos los chilenos. El partido exigió la conformación de una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.
Los partidos de oposición coinciden en que este último episodio relacionado con CORFO representa una clara muestra de la falta de planificación por parte del ejecutivo, señalando tres aspectos críticos: la pérdida patrimonial de CORFO, la falta de transparencia en la operación y la responsabilidad directa de la Dirección de Presupuestos (Dipres). La crisis amenaza con escalar mientras el gobierno enfrenta una creciente presión para dar explicaciones satisfactorias sobre estos controvertidos movimientos financieros.
