La sombra de la irregularidad financiera se cierne sobre el Ministerio de Hacienda después de que la Contraloría General de la República anunciara una investigación especial por los controvertidos traspasos extraordinarios solicitados a CORFO durante 2023, que ascienden a la astronómica suma de 3,4 billones de pesos. Esta situación ha generado profunda preocupación en diversos sectores políticos y económicos, especialmente considerando la magnitud de los recursos involucrados, que representan el 4,5% del resupuesto anual del país.
El caso, que ha puesto en tela de juicio la gestión del ministro Mario Marcel, salió a la luz tras un revelador reportaje de The Clinic que expuso cómo la cartera de Hacienda requirió seis transferencias millonarias, incluyendo una significativa porción proveniente de los excedentes del litio. Lo más alarmante fue la solicitud adicional de noviembre de 2023 por 1.500 millones de dólares, obtenidos mediante la venta de activos financieros de CORFO, decisión que incluso provocó la abstención del vicepresidente ejecutivo de la corporación, José Miguel Benavente, quien manifestó su deber de proteger el patrimonio institucional.
La justificación proporcionada por el ministro Marcel, quien argumentó que el nivel de endeudamiento estaba “copado”, ha generado serias dudas sobre la solidez de las finanzas públicas bajo la actual administración. Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos previos relacionados con el incumplimiento de las proyecciones de recaudación fiscal y otros desajustes que han marcado la gestión económica del gobierno.
La gravedad de la situación ha provocado una inmediata reacción de la oposición, con la UDI y el Partido Republicano anunciando la solicitud de una comisión investigadora. Los parlamentarios de derecha han calificado el hecho como “gravísimo” y han advertido sobre posibles interpelaciones e incluso una acusación constitucional, evidenciando la crisis de confianza en la gestión económica del actual gobierno.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda intenta defenderse argumentando que las transferencias se realizaron dentro del marco legal y siguiendo los lineamientos de la regla de Balance Estructural. Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha intentado justificar el uso de los recursos señalando que se destinaron a diversas “urgencias sociales”, una explicación que no ha logrado aplacar las críticas de la oposición.
La investigación especial anunciada por la Contraloría busca determinar la “eventual afectación patrimonial” de CORFO y el destino real de los recursos involucrados, en un contexto donde la transparencia y la responsabilidad fiscal del gobierno están siendo severamente cuestionadas. Este nuevo episodio podría representar uno de los mayores desafíos para la gestión económica del gobierno de Gabriel Boric, especialmente en un momento de creciente escrutinio público sobre el manejo de los recursos estatales.
