La crisis habitacional en el sector de Manuel Bustos, Viña del Mar, alcanzó un punto crítico esta semana cuando un tercer huelguista decidió cerrar su boca mediante una perforación con piercing, sumándose a otros dos manifestantes que anteriormente habían cosido sus labios en señal de protesta. Esta drástica medida refleja la desesperación de los damnificados ante la falta de soluciones concretas por parte del gobierno central, a más de una semana del inicio de la huelga de hambre que comenzó el 7 de marzo.
La situación de salud de los manifestantes se ha deteriorado rápidamente. Dos de los huelguistas que se cosieron la boca tuvieron que ser hospitalizados entre domingo y lunes debido a graves complicaciones médicas. A uno de ellos incluso tuvieron que descoserte los labios debido a su preocupante estado de salud. Pese a esto, ambos decidieron continuar con la manifestación tras ser dados de alta, demostrando la determinación de los afectados por conseguir respuestas a sus demandas.
Elizabeth Valenzuela, vocera de la huelga, ha destacado el apoyo recibido por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entidad que está proporcionando atención médica constante a través de los centros de salud municipales. Sin embargo, ha sido enfática en señalar que no han recibido ninguna respuesta concreta de las autoridades del gobierno central, dejando en evidencia el abandono que sienten los damnificados por parte del Ejecutivo en su difícil situación.
La protesta ha escalado a niveles alarmantes con la decisión de los manifestantes de iniciar una “huelga seca”, que implica no solo dejar de ingerir alimentos sino también líquidos, lo que aumenta significativamente los riesgos para su salud y vida. Esta decisión extrema busca visibilizar la desesperación de los damnificados ante la indiferencia percibida desde La Moneda y los ministerios responsables de dar solución a su situación habitacional.
Mientras la Delegación Presidencial Regional afirma que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantiene un “permanente diálogo” con los afectados, la realidad que describen los propios damnificados contradice rotundamente esta versión oficial. Esta discrepancia entre el discurso gubernamental y la experiencia de los ciudadanos afectados evidencia una vez más la desconexión del actual gobierno con las necesidades reales de las personas vulnerables, quienes se ven obligados a tomar medidas extremas para ser escuchados por las autoridades que deberían protegerlos.
