El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ha vuelto a encender la indignación nacional con sus recientes declaraciones hacia municipios rurales, a quienes instó a “dejar de llorar” cuando pedían mayores medidas de seguridad tras el brutal homicidio de un matrimonio en Graneros. Esta actitud despectiva hacia las legítimas preocupaciones de seguridad en zonas rurales refleja una consistente falta de empatía y tacto político que ha caracterizado su gestión, generando críticas transversales desde todos los sectores del espectro político.
La trayectoria de Valenzuela, un político de izquierda de 60 años nacido en Rancagua, incluye roles como alcalde, diputado y consejero regional por O’Higgins. Con formación en periodismo y ciencia política en la Pontificia Universidad Católica, su carrera política comenzó en movimientos de izquierda como el MAPU para luego ser fundador del PPD, Chile Primero y finalmente la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido donde militaba al momento de ser nombrado ministro por el presidente Gabriel Boric, cargo que asumió apenas cuatro días después de ser electo consejero regional.
Las polémicas bajo su gestión ministerial son numerosas y preocupantes. Además de sus recientes declaraciones sobre seguridad rural, que incluso el propio gobierno tuvo que desmarcar, Valenzuela protagonizó un cuestionado episodio al posar con una manguera durante un incendio en Traiguén, aparentemente buscando protagonismo mediático mientras La Araucanía ardía. En ese mismo contexto, descalificó a empresarios madereros al calificar de “lloriqueo” sus críticas sobre posibles multas contempladas en el proyecto de ley de prevención de incendios.
La inconsistencia en su discurso quedó también evidenciada cuando calificó como “absolutamente de carácter terrorista” un ataque a un helicóptero que combatía incendios en Collipulli, mientras que posteriormente el gobierno decidió no invocar la Ley Antiterrorista en el caso. Esta falta de coherencia entre sus declaraciones y las acciones oficiales del gobierno ha sido una constante en su gestión, generando confusión y desconfianza en la ciudadanía sobre la claridad de las políticas gubernamentales.
Durante los megaincendios de Valparaíso en 2024, el ministro Valenzuela enfrentó duros cuestionamientos en la comisión investigadora del Congreso respecto a la militancia de funcionarios de la Conaf en su propio partido, la Federación Regionalista Verde Social. Lejos de asumir alguna responsabilidad política, Valenzuela se limitó a negar conocimiento de militantes de su partido contratados por el programa de incendios, y sorprendentemente acusó a parlamentarios de oposición de ser “despectivos” y “racistas” con funcionarios de la institución, desviando así el foco del debate hacia acusaciones infundadas.
Particularmente cuestionable fue su participación en reuniones con empresarios en casa del lobbista Pablo Zalaquett, donde se reunió con ejecutivos de importantes compañías como CMPC, Aguas Andinas y Colbún, insistiendo en que “hubo cero lobby” pese a las evidentes implicancias éticas de estos encuentros. También generó revuelo al insinuar la posibilidad de un royalty a empresas forestales, declaración que debió ser rápidamente desmentida por los ministros de Interior y Hacienda, revelando una preocupante falta de coordinación dentro del gabinete y una tendencia a realizar anuncios sin el debido respaldo institucional.
Su historial de polémicas previo a su nombramiento como ministro incluye episodios aún más graves, como un video donde se le ve insultando a un trabajador agrícola con frases como “¡te voy a meter preso, weón. Y toda tu familia se va a ir a la conchatumadre!”, incidente que derivó en una denuncia penal por violación de morada. Más grave aún, en 2020 fue condenado por injurias tras acusar sin pruebas a un productor de paltas de ser un “delincuente” y parte de una “mafia”, recibiendo una sentencia de multa y 21 días de prisión en grado medio, cumplida bajo modalidad sustitutiva.
Fuentes cercanas al gobierno han manifestado en privado su preocupación por el creciente costo político que representan las constantes polémicas del ministro Valenzuela, particularmente en un momento en que el Ejecutivo necesita fortalecer su gestión en materia de seguridad y desarrollo rural. Estos incidentes reiterados han socavado la confianza de múltiples sectores productivos y autoridades locales que deberían ser aliados estratégicos del Ministerio de Agricultura, generando un clima de tensión que dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.
El patrón de comportamiento del ministro Valenzuela refleja una preocupante incapacidad para medir el impacto de sus declaraciones y acciones, característica que resulta particularmente grave en un secretario de Estado que debe lidiar con sectores tan sensibles como el agrícola y forestal. Este historial de confrontaciones verbales y judiciales pone en duda su idoneidad para ejercer un cargo de tan alta responsabilidad pública, especialmente en un ministerio clave para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país, generando crecientes llamados desde la oposición e incluso desde sectores del oficialismo para una renovación en la cartera de Agricultura.
