La seguridad en Chile atraviesa uno de sus momentos más críticos, con niveles históricos de delincuencia, aumento del narcotráfico y violencia descontrolada en las calles. Sin embargo, en lugar de fortalecer su respuesta institucional, el Gobierno parece decidido a debilitarla aún más, designando autoridades sin la preparación ni la experiencia necesaria para enfrentar esta crisis.
La reciente denuncia ante la Contraloría General de la República deja en evidencia el absoluto desapego del Ejecutivo hacia la seguridad pública, revelando que el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero Vega, ha nombrado Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMI) que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley 21.730.
El artículo 24 de esta normativa exige que los SEREMI cuenten con al menos seis años de trayectoria profesional y tres años de experiencia en seguridad, criterios esenciales para garantizar un manejo eficiente y especializado de la materia. Sin embargo, el Gobierno ha ignorado estos requisitos, nombrando autoridades sin el perfil adecuado, debilitando aún más la ya frágil estructura de seguridad del país.
Entre los casos más alarmantes se encuentran:
- • Ana Muriel Vargas Valenzuela (Arica): No tiene experiencia en seguridad y no cumple con los seis años de trayectoria profesional exigidos.
- • Jaime Fuentes Purrán (Región Metropolitana): Su carrera profesional no alcanza los seis años requeridos y tampoco cuenta con experiencia en seguridad.
- • Carlos Uslar Venegas (Biobío): Fue designado SEREMI en febrero de 2025, a pesar de haber obtenido su título de abogado recién en diciembre de 2023, lo que lo deja muy lejos de cumplir con los requisitos legales.
Un Gobierno que Ignora la Seguridad de los Chilenos
La Fundación Fuerza Ciudadana, a través de su presidente, Raimundo Palamara Stewart, ha calificado estos nombramientos como una muestra de improvisación y un acto irresponsable del Ejecutivo.
“Desde el primer día de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública, el Gobierno ha ignorado las disposiciones legales, poniendo en cargos clave a personas que no cumplen con los requisitos mínimos. Esto no solo es una falta grave a la ley, sino que además compromete la efectividad de la seguridad en las regiones”, afirmó Palamara Stewart.
Por su parte, el exgobernador de la provincia de Concepción fue aún más categórico:
“La falta a la legalidad por parte del Gobierno es un tema que no puede pasar inadvertido. La seguridad pública es una materia en la que este gobierno sale reprobado absolutamente. Cuando tienen la opción de generar una política pública acorde a las necesidades de las personas, no son capaces de tomar el peso a la seguridad pública ni a las necesidades de la ciudadanía. Este tipo de situaciones demuestra claramente que es un Gobierno al cual no le interesa la seguridad y la protección de las personas.”
Seguridad Pública: Una Moneda de Cambio para el Cuoteo Político
Este escándalo se suma a una larga lista de cuestionamientos sobre la conducción del Gobierno en materia de seguridad, generando una profunda preocupación en la ciudadanía, en expertos y en sectores políticos, quienes ven con inquietud cómo la falta de liderazgo y planificación debilita la capacidad del Estado para responder al crimen organizado y a la violencia en las calles.
El mensaje del Ejecutivo es claro: la seguridad de los chilenos no es una prioridad. En vez de asegurar que las personas designadas en cargos estratégicos tengan la preparación adecuada, se ha optado por un reparto político de puestos clave, sin importar las graves consecuencias que esto puede tener para el país.
El Ministro Luis Cordero Vega y el Gobierno deben dar explicaciones de inmediato y corregir estos nombramientos ilegales, asegurando que las personas a cargo de la seguridad pública tengan las competencias necesarias para enfrentar el complejo escenario actual.
Si el Ejecutivo continúa ignorando la crisis de seguridad y operando sin planificación ni apego a la ley, lo único que conseguirá es aumentar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, permitiendo que la delincuencia siga ganando terreno en un país que clama por orden y protección.
