El Gobierno dio un portazo a la propuesta del Partido Comunista de iniciar un tercer proceso constituyente, aunque dejó entrever que el tema podría retomarse en el futuro si “se dan las condiciones”, en una postura que evidencia las tensiones al interior del oficialismo sobre cómo abordar la fallida promesa de una nueva Constitución.
La ministra vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, respondió contundentemente a los dichos del presidente del PC, Lautaro Carmona, quien planteó la necesidad de “agendar con urgencia” un nuevo proceso constitucional.
“No es una puerta que vayamos a abrir, es una discusión que respecto de este Gobierno está cerrada”, afirmó tajantemente la secretaria de Estado en Radio Duna, marcando distancia de la propuesta comunista que amenaza con reabrir una idea política que en el país ha tenido dos fracasos consecutivos.
Sin embargo, la propia vocera dejó abierta una rendija al señalar que “las discusiones siempre tienen que estar abiertas porque de eso se trata la democracia. Si más adelante se dan las condiciones, no es una discusión que deba cerrarse en sí misma”.
Esta ambigüedad contrasta con el mensaje central de que el tema constitucional “está cerrado para nuestro Gobierno” y “no está dentro de nuestras prioridades”, dejando entrever posibles fisuras en la posición oficialista.
La propuesta de Carmona surgió cuando afirmó en Radio Nuevo Mundo que “es evidente que un Estado que funciona sobre la base de que, desgraciadamente, mantiene la Constitución del 80 en lo principal, necesita permanentemente reformas en distintos planos, incluyendo reformas políticas”. El timonel comunista agregó que habría que “replantearse agendar con urgencia” un nuevo proceso constituyente.
En un intento por moderar la controversia, Etcheverry defendió el derecho del PC a plantear el tema, aunque recalcó que “hay temas que siempre se podrán analizar, tales como el sistema político o nuevas reformas en materia de salud, educación, pensiones”, pero otros están “cerrados” porque son “acuerdos y consensos desde hace muchos años”.
La postura gubernamental evidencia el difícil equilibrio que debe mantener el Ejecutivo entre sus compromisos de campaña y la realidad política tras el doble rechazo ciudadano a cambiar la Constitución, mientras el sector más radical de su coalición insiste en retomar una bandera que ya ha demostrado generar más divisiones que consensos en el país.
