La Fiscalía investiga el presunto financiamiento irregular de campañas políticas por parte de la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, mediante depósitos directos y triangulación de aportes. De acuerdo a los antecedentes recabados por el Ministerio Público, se transfirieron más de $53 millones de forma directa y otros $4.400.000 a través de terceros, para beneficiar a al menos dos candidatos: Sebastián Balbontín y Elizabeth Aguilera.
Balbontín, quien postuló a alcalde de Limache por Revolución Democrática y luego fue electo consejero regional en 2021 por el Frente Amplio, recibió entre julio de 2021 y enero de 2024 un total de $53.442.000 desde la cuenta personal de Larraín. Según la fiscalía, ambos mantendrían una relación de pareja.
Además, el exdirector de Patrimonio Natural y Sustentabilidad de ProCultura, Francisco Fuentes Araya, habría actuado como intermediario en transferencias a Balbontín y también a la candidata a la Convención Constituyente por Independientes No Neutrales, Elizabeth Aguilera, por instrucción directa de Larraín. Fuentes entregó documentación al Ministerio Público que respalda su participación y el origen de los fondos.
Relaciones y asignaciones millonarias
La Fiscalía también vincula el eventual financiamiento político con beneficios institucionales obtenidos por la fundación. En 2022, ProCultura recibió una asignación directa de $248 millones para desarrollar un proyecto de diseño y urbanización en campamentos de Villa Alemana. En las reuniones previas a la adjudicación participaron funcionarios del Serviu, dirigentes sociales, Larraín y Balbontín, según el fiscal Patricio Cooper.
A lo anterior se suma el vínculo entre ProCultura y Catalina Rengifo, excoordinadora territorial de la fundación en la región de Valparaíso, quien trabajó previamente en las campañas de Balbontín y recibió un total de $4.175.000 en transferencias personales desde Larraín, además de $1.700.000 como pago por sus labores de campaña.
El caso de Lota
En el caso de Elizabeth Aguilera, dirigente histórica de Lota, la fiscalía investiga un aporte de $1 millón realizado el 24 de marzo de 2021. Aguilera tenía un vínculo estrecho con Larraín y con la fundación, que obtuvo la administración del circuito turístico local tras una licitación en diciembre de ese año por $480 millones.
Pese a esta relación, no se ha aclarado por qué el dinero fue transferido mediante triangulación. Aguilera declinó referirse al tema al ser contactada por BioBioChile.
Tercerización y posibles irregularidades
La ejecución del proyecto turístico en Lota fue subcontratada a Agencia de Turismo Patrimonial SpA, una empresa creada por Francisco Fuentes en junio de 2021. Correos internos de ProCultura revelan un patrón de derivación de proyectos adjudicados a empresas externas, pese a que el contrato con Corfo prohibía expresamente la cesión o transferencia de las obligaciones.
Una auditoría externa encargada al estudio Aninat justificó esta práctica bajo la presunta imposibilidad legal de que ProCultura prestara servicios remunerados, argumento que fue descartado en la propia revisión, que estableció que la fundación sí podía ejecutar directamente los proyectos, siempre y cuando se mantuviera su carácter no lucrativo.
Aristas adicionales
La auditora María Sabbagh, del estudio Aninat, fue objeto de una medida de vigilancia por parte del fiscal Carlos Palma, quien instruyó a la PDI activar alertas ante cualquier salida del país. Lo mismo solicitó respecto al exministro Giorgio Jackson, sindicado como “sujeto de interés” en el marco de las indagaciones. Palma actualmente se encuentra suspendido por su rol en el denominado caso Hermosilla.
Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha entregado una versión pública sobre los hechos, mientras la Fiscalía continúa con la investigación por posibles delitos vinculados al uso de recursos públicos, triangulación de fondos y financiamiento irregular de campañas.
