En una nueva muestra de cómo los servicios básicos concesionados terminan afectando directamente la vida de miles de chilenos, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, anunció la presentación de un recurso de protección contra la empresa CGE por la demora injustificable en reponer el suministro eléctrico en diversos sectores de la comuna tras el reciente temporal que afectó al Gran Concepción.
La situación es crítica: cerca de 10.000 personas estuvieron sin luz por más de un día, incluyendo hogares con personas electrodependientes y viviendas que requieren electricidad para acceder al agua potable. Un Estado ausente y una empresa privada que opera sin consecuencias reales definen el actual cuadro de abandono.
“La empresa se ha comprometido a ciertos horarios y no los ha cumplido”, denunció el alcalde Muñoz, quien enfatizó que la CGE ha incumplido su deber básico: entregar un servicio continuo y confiable, especialmente en momentos de emergencia.
El recurso legal busca presionar a la CGE para que se haga cargo de su responsabilidad, pero también deja en evidencia la falta de fiscalización efectiva por parte del Gobierno Central, que sigue sin establecer mecanismos reales para garantizar el cumplimiento de estos contratos con empresas monopólicas. ¿De qué sirve privatizar servicios si luego se permiten abusos sin sanción?
Los cortes han afectado zonas amplias y vulnerables de Concepción, incluyendo sectores como Collao, Los Lirios, Barrio Norte y el centro, donde la falta de suministro ha durado más de 24 horas. Incluso el propio edificio municipal sufrió interrupciones durante el fin de semana.
En paralelo, la Dirección de Salud Municipal está levantando un catastro de personas electrodependientes, cuya integridad física puede verse seriamente comprometida si la electricidad no vuelve en el corto plazo.
Mientras la cifra de afectados ha ido disminuyendo lentamente, todavía hay cientos de hogares esperando una solución concreta. Muñoz insistió en que “este recurso es lo que se tiene que hacer”, lo que da cuenta de la impotencia que viven incluso las autoridades locales frente a empresas que operan con impunidad.
