En un nuevo intento por justificar el polémico traspaso de 3,4 billones de pesos desde la Corfo al Tesoro Público, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó más detalles a los partidos oficialistas. ¿Su excusa? Culpó a la administración anterior por supuestos cálculos errados en la proyección de ingresos para la Pensión Garantizada Universal (PGU), mientras el gobierno dilapida recursos en su fallida gestión.
La explicación, lejos de aclarar el asunto, expone una preocupante improvisación. Marcel no solo evade su responsabilidad, sino que pretende cargarle la culpa a un gobierno que dejó las cuentas ordenadas. El dinero transferido también habría sido destinado al Plan Nacional de Vivienda y Salud, sin que existiera una comunicación transparente hacia el Congreso ni a la ciudadanía.
La vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, intentó minimizar el escándalo, asegurando que se trató de un “proceso habitual y transparente”. Pero, si todo era tan normal ¿por qué no lo informaron oportunamente? La realidad es que el gobierno está manoseando los recursos del Estado para tapar sus propios errores y sostener sus políticas populistas, mientras la economía se estanca y el país enfrenta incertidumbre.
La polémica ya le pasó factura a Marcel, quien perdió seis puntos en la última encuesta Cadem, reflejando la desconfianza creciente hacia su gestión. Mientras tanto, desde la izquierda se intenta blindarlo. El diputado socialista, Jaime Naranjo, calificó las críticas como una “campaña malintencionada”, pero la verdad es evidente: no hay gestión, solo parches y excusas.
En la otra vereda, el diputado republicano, Agustín Romero, fue categórico “Este traspaso refuerza la percepción de improvisación y desorden en el gobierno”. Y no es para menos. La administración Boric no solo vacía las arcas públicas, sino que, cuando la realidad les pasa la cuenta, se refugian en la narrativa del enemigo externo, incapaces de asumir sus propios fracasos.
