La familia de Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile, sigue exigiendo respuestas. A través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, han solicitado nuevas diligencias al fiscal Héctor Barros para esclarecer graves irregularidades que rodean este caso, entre ellas, el destino de $8 millones en efectivo que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró haber entregado a la familia como ayuda, pero que ellos niegan haber recibido.
El documento presentado a la fiscalía pide que Monsalve sea citado a declarar y explique el uso de estos fondos, los cuales provenían de gastos reservados del Ministerio del Interior. La opacidad con la que el gobierno de Gabriel Boric ha manejado este asunto levanta serias sospechas sobre el real destino de ese dinero y sobre posibles irregularidades en su administración.
Acuerdo con Venezuela: ¿El gobierno facilitó información a la dictadura de Maduro?
Otro aspecto crítico que se investiga es un acuerdo de cooperación con Venezuela firmado durante la gestión de Monsalve, el cual podría haber vulnerado el secreto legal del estatus de refugiado de Ojeda. La pregunta clave es si este convenio permitió que agentes del régimen chavista accedieran a información sobre su paradero, facilitando así su secuestro y posterior asesinato.
Si se comprueba que el gobierno de Boric colaboró directa o indirectamente con el régimen de Maduro, estaríamos ante un escándalo sin precedentes, en el que el Estado chileno habría fallado gravemente en su deber de proteger a un refugiado político que huía de la dictadura venezolana.
Espías venezolanos en Chile: ¿El gobierno sabía y no hizo nada?
El abogado querellante también exige que Monsalve aclare si tenía conocimiento previo de que agentes venezolanos estaban operando en Chile y realizaban vigilancia sobre Ojeda y su familia. La solicitud exige que Interior y la Cancillería entreguen todos los antecedentes sobre esta posible infiltración de inteligencia extranjera en territorio nacional.
Además, se insiste en esclarecer si el oficial de inteligencia venezolano Alexander Granko Arteaga, señalado como uno de los secuestradores, ingresó ilegalmente a Chile y si lo hizo con la complicidad de agentes vinculados al número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
El secuestro de Ojeda, ocurrido en febrero, fue ejecutado por sujetos que se hicieron pasar por funcionarios de la PDI, lo que refuerza la tesis de una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno. Su cuerpo fue encontrado días después en una toma en Maipú, dejando en evidencia el nivel de impunidad con el que operaron estos criminales.
Un gobierno que no protege a los refugiados, pero sí encubre a sus verdugos
Este nuevo giro en el caso pone en duda el rol del gobierno de Boric en la seguridad de los refugiados políticos en Chile, dejando la inquietante sensación de que su administración ha sido complaciente con la dictadura venezolana, incluso cuando esto pone en peligro vidas humanas.
El destino de los $8 millones sigue siendo un misterio, y la falta de respuestas de Monsalve y del Ejecutivo solo aumenta las sospechas sobre una posible red de encubrimiento y negligencia. ¿A quién realmente benefició ese dinero? ¿Por qué el gobierno no protegió a Ojeda? ¿Hasta qué punto ha penetrado la influencia del chavismo en Chile?
Las respuestas son urgentes, pero una cosa está clara: el gobierno de Boric tiene mucho que explicar.
