El gobierno del presidente Gabriel Boric dio un paso controversial al establecer el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, designando a Luis Cordero como su primer titular, en un momento donde la delincuencia y la inseguridad mantienen en vilo a la ciudadanía.
La nueva cartera, que comenzará oficialmente sus funciones el 1 de abril, busca centralizar las acciones contra el crimen organizado. Sin embargo, los escépticos cuestionan si este movimiento representa un cambio sustantivo o simplemente es otro intento de mostrar actividad gubernamental.
El presidente designó a Luis Cordero como ministro (ex subsecretario del Interior), Rafael Collado (Frente Amplio) como subsecretario de Seguridad Pública, y mantuvo a Carolina Leitao en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Boric declaró que “Chile va a tener un Estado más fuerte, profesional y dedicado para responder al crimen organizado”, una afirmación que genera más dudas que certezas entre la población. El mandatario destacó algunos supuestos logros como la inversión de 25 mil millones de pesos adicionales en seguridad, aumento de dotación de la PDI, renovación de 4.200 vehículos para Carabineros y destrucción de 67.000 armas.
A pesar de los anuncios oficiales, la realidad muestra una ciudadanía cada vez más preocupada por los altos índices de delincuencia, sensación de impunidad, violencia en la Macrozona Sur y el incremento de delitos en zonas urbanas.
Persisten interrogantes fundamentales: ¿Logrará este nuevo ministerio revertir la tendencia de inseguridad? ¿Es este un cambio real o solo una reorganización burocrática? ¿Tendrá Luis Cordero la capacidad de articular efectivamente las fuerzas policiales?
La ciudadanía permanece expectante, esperando resultados concretos más allá de los anuncios oficiales y las promesas gubernamentales.
