Otro golpe a la seguridad y a la transparencia en el sur del país. Este jueves fue hallado un cuerpo en las cercanías de la laguna Quiñenco, en Coronel, Región del Biobío. Según los primeros antecedentes, pertenecería a Juan Sanhueza, vigía de la embarcación “Cobra” y testigo clave en la investigación por el naufragio de la lancha “Bruma”, donde desaparecieron siete pescadores.
El hallazgo remece no solo a la comunidad de Coronel, sino también a las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la protección de quienes colaboran en procesos judiciales. Sanhueza había desaparecido días antes de prestar declaración ante la PDI, justo después de asistir a una actividad de apoyo psicológico organizada por la empresa Blumar, donde trabajaba.
¿Testigo silenciado?
La desaparición del tripulante encendió alarmas desde el primer momento. La Fiscalía investiga la responsabilidad de la nave “Cobra” en el hundimiento de la “Bruma”, en lo que podría configurar un homicidio múltiple por negligencia o incluso dolo. Sanhueza era uno de los pocos testigos que podía aportar detalles directos sobre lo ocurrido la noche del accidente.
Su muerte, en este contexto, no puede entenderse como un hecho aislado. La familia había presentado una denuncia por presunta desgracia, exigiendo acción urgente. Sin embargo, la falta de protección y el lento actuar del Estado vuelven a quedar en evidencia.
Justicia, pero para quién
El caso Bruma se ha convertido en un símbolo del abandono de las comunidades pesqueras y del manto de impunidad que cubre ciertas operaciones marítimas vinculadas a grandes empresas. Mientras se judicializa a pequeños tripulantes y se multiplican las querellas, quienes debían ser protegidos terminan muertos o desaparecidos.
Hoy, la Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el lugar del hallazgo, pero la pregunta clave sigue pendiente: ¿quién se beneficia con el silencio de Juan Sanhueza? Y más aún: ¿por qué nadie lo protegió?
Un país que no cuida a sus testigos, no está cuidando la justicia.

